Julio

Pese a la insistencia de los partidos de oposición, los consejeros electorales se negaron anoche a explicar qué pasó en la reunión del 30 de abril cuando un grupo se ellos se reunió “en lo oscurito” con los dirigentes estatales del PRI.

El alcalde Luis Paredes Moctezuma compareció ante el Órgano de Fiscalización Superior para comenzar a solventar las observaciones que, por 118 millones de pesos, le hizo el Congreso del estado. Al término de la reunión, se quejó de que existe una “sobre fiscalización” a su administración, misma que también debiera aplicarse al gobierno del estado y al resto de las presidencias municipales.

Alejandro Necoechea Gómez, presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), condicionó el acatar el llamado del Congreso de la Unión sobre dar una explicación de la reunión secreta que tuvieron cinco consejeros con dirigentes del tricolor, sólo si la petición tiene carácter de formal y está dentro de lo que marca la norma.

Al reunirse con representantes de la banca, el candidato del PRI a la gubernatura, Mario Marín Torres, se comprometió a crear un Consejo Ciudadano de Transparencia para erradicar actos de corrupción, entre ellos, los que pudiera haber en la asignación de obra pública.

Unas 50 instituciones de educación superior están en espera de que la Secretaría de Educación Pública les resuelva sobre los 154 reconocimientos de validez oficial que solicitaron desde abril para modificar planes de estudios o crear nuevas licenciaturas, maestrías y doctorados, a fin de que operen dentro de la norma.

El alcalde Luis Paredes Moctezuma no sólo “empeñará” el 35% del impuesto predial de la comuna en un fideicomiso que funcionará como aval de Mexicana de Mantenimiento (MMA) en caso de que solicite préstamos para cumplir con las inversiones a las que se comprometió en la concesión del alumbrado público, sino que también podría comprometer las participaciones federales del ayuntamiento en otro fideicomiso para asegurar el pago a la banca privada, con la que solicitaría 560 millones de pesos.

Tajante, Jorge Ruiz Romero, titular de la Promotora Universitaria y vicepresidente de los “Lobos”, deslindó a la Universidad Autónoma de Puebla de cualquier vínculo con el promotor deportivo Guillermo Lara, y sostuvo que la relación que se tiene para impulsar al equipo de fútbol es sólo con Emilio Maurer Espinosa y Arturo Migoya Junco.

La seguridad pública es lo más apremiante. Forman las fuerzas policiacas de Villa Ávila Camacho-La Ceiba un comandante, un cabo y cinco agentes. Todos trabajan ocho días a cambio de uno de descanso. El comandante gana alrededor de 3 mil pesos mensuales, que nunca recibe completos. No disponen de radios. De las escopetas que fueron donadas hace más de una década por el gobierno salinista, sólo sirven seis; se trata de viejos armatostes calibre .12 con los que los agentes deben salir a las mismas calles donde los asaltantes lo hacen equipados de AK-47.

El Congreso del estado aprobó ayer la cuenta pública del gobernador Melquiades Morales del ejercicio 2003, con el voto a favor de todas las fracciones con excepción de la panista cuyos diputados se abstuvieron; rechazó el recurso de revocación del alcalde Luis Paredes para no solventar 429 millones de pesos de su cuenta pública del 2003, resultado de pliegos de cargos del Orfise; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y la creación de una Comisión Especial que se encargará de vigilar el proceso electoral en marcha.

Con un desayuno en céntrico hotel citadino –al que por cierto el líder estatal del PRI llegó con 40 minutos de retraso- Javier López Zavala, Carlos Meza Viveros y Mario Montero Serrano pretendieron dejar en claro ante la prensa que son parte de un equipo unido y sin fracturas que trabaja a favor de la candidatura de Mario Marín Torres, abanderado del PRI al gobierno estatal.

Por segunda ocasión en menos de un mes, la bancada del PAN solicitó al Congreso del estado la remoción de cinco de los nueve consejeros del Instituto Electoral del Estado involucrados en un cónclave con la dirigencia priísta; esta petición fue de nueva cuenta rechazada por las fracciones parlamentarias del PRI, PRD, PT, PVEM y Convergencia.