22/Julio/2004
Selene Ríos Andraca

El Congreso del estado aprobó ayer la cuenta pública del gobernador Melquiades Morales del ejercicio 2003, con el voto a favor de todas las fracciones con excepción de la panista cuyos diputados se abstuvieron; rechazó el recurso de revocación del alcalde Luis Paredes para no solventar 429 millones de pesos de su cuenta pública del 2003, resultado de pliegos de cargos del Orfise; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y la creación de una Comisión Especial que se encargará de vigilar el proceso electoral en marcha.

El dictamen de la cuenta pública del gobernador se aprobó sin discusión en la sesión ordinaria de ayer. Simplemente se le dio lectura y se sometió a votación. A favor votaron los legisladores de las fracciones del PRI, PRD, Convergencia y PT. Los diputados panistas dividieron su voto: tres lo hicieron contra, seis de abstuvieron y uno a favor.

En entrevistas por separado, toda vez que ningún legislador razonó su voto en tribuna, la lideresa de la fracción del PAN, Leonor Popócatl Gutiérrez, justificó su abstención debido a las inconsistencias de la cuenta pública, además de la información raquítica que manejó la Comisión Inspectora en la revisión de ésta, y que la auditoría ignoró los desvíos financieros de algunas de las secretarías gubernamentales.

Su homólogo Roberto Grajales Espina consideró que la información por escrito de los estados de cuenta del gobierno estatal era necesaria para poder autorizarla y afirmó que a los panistas nunca les otorgaron los datos suficientes para verificarla, “si no tenemos información, ¿cómo vamos a aprobarla?” puntualizó.

 

La legisladora Gloria Marroquín Santos argumentó que se opuso a pasar la cuenta estatal  porque la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, misma a la que ella pertenece, se negó a proporcionarle la información detallada para analizarla, además aseguró que el documento revisado observa como concluidas varias obras en proceso y  algunas, incluso, inexistentes.

Finalmente, Juan Francisco Menéndez Priante, quien se abstuvo al igual que los otros cinco panistas, en entrevista justificó al resto de la bancada del albizul debido a que “no tenían elementos suficientes elementos para rechazar o autorizar la cuenta pública de 2003 del Ejecutivo”.

Por unanimidad, los diputados de la LV Legislatura aprobaron también las cuentas públicas del Poder Legislativo y del Poder Judicial del estado.

Rechazan recurso de Paredes

Los legisladores del PRI, PRD, PT y Convergencia rechazaron el recurso de revocación que interpuso el edil capitalino Luis Paredes Moctezuma para no solventar 429.3 millones de pesos del pliego de cargos de su cuenta pública del 2003 emitido por el Orfise, mientras que los panistas –por segunda ocasión- se abstuvieron de votar.

Ante ello, Luis Paredes tendrá que justificar más de 429 millones para evitar que la Comisión Inspectora inicie un procedimiento de observaciones en su contra, ya que el pasado 18 de mayo el Orfise le presentó el pliego de cargos 1067-C/2002-2005 con un monto de 773 millones de pesos, de los que hasta hoy sólo ha solventado 343 millones 681 mil pesos.

Algunos integrantes de la fracción panista optaron por abstenerse de votar, sin embargo, con 34 votos a favor, los legisladores desecharon el recurso de revocación promovido por el edil capitalino.

La presidenta de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso, Sara Chilaca Martínez, dijo que el recurso de revocación con 34 argumentos que presentó el ayuntamiento de Puebla el pasado 7 de junio –a dos días de que el plazo venciera- fue rechazado por la comisión debido a que éste carece de fundamentos y bases legales para retractarse las observaciones emitidas.

 Por el momento, Paredes Moctezuma tiene 15 días hábiles para presentar más pruebas a su favor, aseguró Chilaca Martínez.

Sumado a esto, es necesario mencionar que el alcalde capitalino afronta un proceso de responsabilidades administrativas por más de 118 millones de pesos de su cuenta del 2002, de los cuales un millón 50 mil están considerados como daño patrimonial.

Aprueban cuentas de municipios

Por otra parte, los legisladores aprobaron por mayoría de votos las cuentas de los ayuntamientos de San Salvador El Seco por el período del primero de enero al 31 de diciembre de 2001; Huauchinango del primero de enero al 14 de febrero de 2002; Calpan y Coronango del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2002; Pahuatlán, Cuautempan, San Pablo Anicano, Ayotoxco de Guerrero, Hueytamalco y Xicotlán del primero de enero al 31 de diciembre de 2003.

Mientras que el PRI, PRD, PT y Convergencia rechazaron las cuentas de Coatepec, Atlixco, Zinacatepec y Tlatlauquitepec del período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.

Crean comisión especial

Por unanimidad, el Congreso del estado acordó la creación de la Comisión Especial para el Proceso Estatal Electoral del próximo 14 de noviembre, con la finalidad de supervisar que los servidores públicos no desvíen recursos financieros a campañas electorales, además de vigilar el desarrollo del proceso.

La Comisión comenzará a operar a partir de los primeros días de septiembre y hasta el 15 de enero de 2005 y las observaciones que haga durante su gestión las consignará a la instancia correspondiente.

El presidente de la Gran Comisión, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, comentó que dicha comisión carece de facultades para sancionar o castigar las irregularidades observadas, de ahí que será hasta la siguiente legislatura que se le confiera tal autoridad.

El organismo estará conformado por los priístas Joaquín Maldonado Ibargüen como presidente y Gabriel Reyes Cardoso; los panistas Verónica Sánchez Agís como secretaria y Roberto Grajales Espina; así como por Jesús Edgar Alonso Cañete, Rodolfo Herrera Charolet, Gustavo Díaz Ordaz y Armando Herrera Guzmán, del PRD, Convergencia, PVEM y PT, respectivamente.

La ley de transparencia

También, por unanimidad, el Poder Legislativo aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la información, la cual se regulará a través de una sola Comisión para los tres poderes del estado; ésta entrará en vigor de manera paulatina en un plazo que irá de los seis a los 18 meses.

La Comisión de Acceso a la Información se crea como un órgano ciudadanizado, integrado por tres comisionados propietarios, los cuales serán  nombrados por mayoría calificada de los diputados estatales.

En lo que respecta a los partidos políticos serán sujetos obligados, por lo que deberán presentar los datos que se le soliciten.

Con esta aprobación Puebla se suma a la lista de los otros 17 estados de la república con la ley en discusión, entre los otros estados figuran Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, Veracruz, Morelos, Michoacán y entre otros.