Con nueve meses en el cargo el gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas se ha ganado fama de autoritario, represor, megalómano, intolerante, revanchista y de recurrir a peores artimañas que su antecesor priísta Mario Marín. Las quejas contra el mandatario -que llegó al poder respaldado por la coalición PAN-PRD-Panal-Convergencia-PT- vienen de comerciantes, empresarios, activistas sociales, campesinos, sindicatos, periodistas, priístas, panistas y militantes de Convergencia y del PRD.
Sus críticos aseguran que los funcionarios del panista recurren igual a las acciones legales que a las extralegales, lanzan filtraciones y ataques en los medios, reviven expedientes, boicotean, difaman, presionan, espían, intimidan, reprimen y hasta llegan al uso de la fuerza pública.
Desde que empezó el sexenio, los políticos que mantienen una postura crítica contra el mandatario y personajes que resultan “incómodos” o contrarios a los planes gubernamentales se convierten en blanco de ataques en la prensa o se ven envueltos en líos legales y acusaciones públicas.
El diputado local por Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), José Juan Espinosa Torres asegura a este semanario que Moreno Valle está rodeado de funcionarios que actúan de manera perversa, hacen uso de las instituciones para generar terror y hasta envían mensajes “al viejo estilo de la mafia siciliana” con tal de acallar cualquier voz crítica.
El exgobernador Manuel Bartlett afirmó en conferencia de prensa el pasado 27 de octubre lo que ya muchos poblanos dan por hecho, que el panista busca ser el Enrique Peña Nieto de 2018, pagando millones de pesos a Televisa y TV-Azteca y que por ello se empeña en tener el control de todas las fuerzas políticas en Puebla, incluyendo al PRI.
La panista Ana Teresa Aranda, quien contendió por la candidatura del PAN contra Moreno Valle, dice a Proceso que lo que pudo considerarse un avance para la democracia, por la alternancia política en Puebla, ya no lo es tanto cuando llega un gobierno que tiende al autoritarismo, al control y a la megalomanía.
Quien fuera secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Fox acusó al mandatario poblano de usar a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal como “garrote político”. Apenas tres días después de que Aranda presentara una denuncia por amenazas de muerte -supuestamente motivadas por su postura crítica ante el gobierno local- policías ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión contra el exalcalde de Palmar de Bravo, Pedro Barojas de Rosas, afín a su grupo político.
La detención ocurrió el domingo 23 de octubre cuando el expresidente municipal llegaba acompañado de Aranda a la reunión del Consejo Estatal del PAN, en la cual participó Moreno Valle.
La PGJ informó que la captura se derivaba de irregularidades cometidas por Barojas cuando fue alcalde, casi una década antes -de 1999 a 2002- y que la orden de aprehensión en su contra había sido dictada el 25 de enero de este año. Aranda asegura que se trató de un “acto de persecución política”.
Otro político que mantiene un abierto enfrentamiento con Moreno Valle es Andrés Manuel López Obrador, quien varias veces ha dicho que en Puebla “se fue el góber precioso y llegó el góber mafioso”.
A principios del pasado julio desde las oficinas del gobierno estatal se divulgó en los medios la versión de que simpatizantes lopezobradoristas confabulaban para desestabilizar Puebla, luego de que gran parte de los grupos inconformes con la administración panista se acercaron al Movimiento de Renovación Nacional en busca de apoyo.
Se trata de los comerciantes de la calle 46 Poniente y del llamado “Mercado de la Fayuca”, quienes fueron atacados con gases lacrimógenos por policías estatales; los concesionarios de mototaxis, a quienes le anularon concesiones; integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Puebla, a los que se les ha negado la toma de nota; y ahorradores defraudados por inmobiliarias que reclaman apoyo del gobierno para recuperar su patrimonio.
“Nosotros no pretendemos la violencia, lo que hacemos es apoyar las causas justas, enfrentar al autoritarismo”, respondió López Obrador. Pero el gobierno poblano contestó en un boletín: “En Puebla los ataques sin fundamento de líderes mesiánicos que arropan causas ilegales y sin soporte social no tienen cabida, por lo que más que condenarlos los invitamos a dejar sus esfuerzos desestabilizadores y sumarse a la construcción del estado de paz y prosperidad que con mucho esfuerzo los poblanos construimos cada día”
Represión
El pasado 10 de octubre representantes de 13 ONG entregaron al Congreso local un escrito en el que piden hacer un extrañamiento al gobernador por la política represiva contra movimientos sociales que caracteriza los primeros meses de su sexenio.
En conferencia de prensa Raymundo Reyes Escobar, del Movimiento Constitucionalista, dijo que se tienen contabilizados al menos 35 actos de represión policiaca contra grupos sociales de Puebla y que ya se pidió la destitución de Ardelio Vargas Fosado, secretario de Seguridad Pública estatal, quien tiene en su historial haber sido mando operativo en la represión en San Salvador Atenco y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
A los reclamos por la actuación violenta de Vargas Fosado Moreno Valle responde: “Mi gobierno es de estricta aplicación de la ley”.
Uno de los hechos recientes que más preocupa a las organizaciones es el desalojo violento, el 23 de agosto, de al menos 400 personas -mujeres, ancianos y niños entre ellos- que habían tomado un predio de la exhacienda de Atlamaxac, en el municipio de Chignahuapan. Desde ese día 31 campesinos están encarcelados y se les piden fianzas de entre 100 mil y 300 mil pesos, pese a que han demostrado que tienen un legítimo interés jurídico en el terreno.
Otro hecho que motivó la protesta de las ONG fue el encarcelamiento de cuatro ahorradores defraudados por empresas inmobiliarias, a quienes se acusó de haber cerrado la calle frente a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, cuando participaban en una manifestación.
También se quejan del proceso para la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Encabezadas por “Todos Somos Puebla y Manos Unidas”, 12 agrupaciones aseguraron que la elección de Adolfo López Badillo como ombudsman fue una simulación dirigida desde el gobierno estatal.
El mandatario ha abierto otros frentes: contra algunos medios que lo acusan de represión y boicot publicitario (Proceso 1824) y contra académicos e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se oponen a la construcción del Viaducto Zaragoza (Proceso 1821).
Revanchismo
Los primeros señalamientos contra Moreno Valle surgieron cuando tenía un mes en el gobierno. El empresario Ricardo Henaine Mezher, dueño del equipo de futbol Puebla, lo acusó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República por supuesta persecución política, abuso de poder y tráfico de influencias.
El empresario aseguró que las acciones en su contra eran parte del supuesto pacto de impunidad que acordaron Moreno Valle y Marín. “Me eligieron para que, mediáticamente, yo pague los platos rotos del marinismo”, declaró entonces Henaine.
El mandatario emprendió acciones para recuperar el predio Valle Fantástico -que Henaine obtuvo en 2004 por una donación poco clara del gobierno estatal encabezado por Marín-, presionó para quitarle la concesión del aeropuerto Hermanos Serdán y comenzó una lluvia de denuncias contra el dueño del Puebla.
Una persona lo acusó por incumplimiento de pago de 200 millones de pesos, los socios minoritarios del equipo de futbol revivieron una vieja demanda y Francisco Bernat Cid, expresidente de ese club deportivo, inició tres juicios para tratar de recuperarlo.
A esto siguió, según sus abogados, una cascada de auditorías a las empresas de Henaine, la orden de congelar sus cuentas bancarias y un intento de intervenir la taquilla de los partidos de futbol.
En los últimos días corrió la versión de que Henaine está en pláticas para llevarse al equipo a otro Estado la próxima temporada, movido por la presunta persecución del gobierno.
Del supuesto pacto entre Marín y Moreno Valle también habló públicamente el diputado Espinosa Torres cuando se opuso a que el Congreso local aprobara la última cuenta pública del góber precioso. El legislador pronto fue blanco de manifestaciones, amenazas y ataques mediáticos.
El pasado 9 de septiembre la alcaldesa de San Pedro Cholula, Dolores Parra Jiménez presentó una denuncia contra el diputado por supuesto intento de extorsión, a partir de que la grabación de una conversación entre el legislador y la funcionaria en la que ambos hablan de posibles “diezmos” a constructores fue filtrada a un medio poblano. Casi de inmediato diputados locales emprendieron acciones para tratar de desaforar Espinosa Torres.
Caso similar fue el del auditor del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Hernández Quintana, quien ocupaba el cargo desde el sexenio de Marín e insistía en terminar su periodo en 2016, pese a las presiones gubernamentales para que renunciara.
El 28 de septiembre el Congreso aprobó revocar el cargo al presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, por supuestas irregularidades cometidas en su administración previa (2005-2008). Días después el alcalde presentó una denuncia penal contra el auditor, al que acusó de que pese a haber sido su asesor en su primera presidencia municipal, luego revisó sus cuentas públicas desde el OFS con lo que incurrió en conflicto de intereses.
Casi de inmediato, la PGJ emitió la orden de aprehensión contra el auditor, aunque que el edil se mantuvo en su cargo. Hernández Quintana se presentó amparado para rechazar los cargos, pero su situación se complicó cuando fueron detectados dos camiones que trasladaban documentos de la cuenta pública de Marín supuestamente a dos bodegas clandestinas.
Hernández Quintana renunció y casi de inmediato se dio por hecho que el siguiente auditor será el actual subdirector de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, David Villanueva Lomelí, yerno del exgobernador Melquiades Morales Flores y “amigo entrañable” de Moreno Valle.
“El próximo nombramiento de David Villanueva Lomelí como auditor general del OFS significará cerrar la posibilidad de mejorar los procesos de fiscalización desde el Poder Ejecutivo y lo único que se está garantizando es que ahora el grupo morenovallista ya tiene el dominio del órgano para usar la aprobación de cuentas públicas como sistema de control de los presidentes municipales”, escribió el martes 1 en La Jornada de Oriente el columnista Fermín Alejandro García.
Control político
Aunque Aranda es una de las pocas personas que se atreve a criticar públicamente a Moreno Valle, varios panistas -que piden el anonimato- reconocen los constantes desencuentros con el mandatario.
Lo acusan de haber nombrado sólo a dos militantes panistas en su gabinete y una de ellas, Myriam Arabián, dejó el cargo presionada por el mandatario cuando aún no se cumplían seis meses del sexenio; de haber incurrido en todo tipo de presiones para ganar el Consejo Estatal del PAN; de primero haber usado al Yunque y ahora atacarlo y de maltratar constantemente a los alcaldes del blanquiazul.
Aunque ninguno lo admite públicamente, las diferencias entre el gobernador y los alcaldes de Puebla, Eduardo Rivera, y de Tehuacán, Eliseo Lezama, son bien conocidas.
El choque más evidente ocurrió la noche del 15 de septiembre cuando Moreno Valle invitó al secretario federal del Trabajo, Javier Lozano, a saludar a los asistentes a la ceremonia del Grito y desairó al edil poblano, pese a que la ceremonia fue en el Palacio Municipal.
Pero también se quejan perredistas y priístas. El líder local de la corriente Izquierda Democrática Nacional, Jorge Méndez Spínola, acusó al gobierno estatal de filtrar panistas en el padrón de militantes del PRD para manipular la elección de integrantes de consejeros y favorecer al grupo afín a la candidatura de Marcelo Ebrard.
En el PRI, un grupo encabezado por José Rocha asegura que la designación como dirigente municipal de Claudia Hernández, quien trabajó con Moreno Valle en el sexenio de Melquiades Morales, se deriva de un acuerdo entre el marinismo y el actual mandatario. Rocha asegura que los marinistas usan al PRI como escudo ante Moreno Valle para “salvar” sus cuentas pendientes.
