Sin tocar a servidores públicos de alto nivel, la Secretaría de la Contraloría inició procedimientos contra exfuncionarios y empleados en activo de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por irregularidades detectadas en la pasada administración a cargo de Mario Marín Torres.
En entrevista, la titular de la dependencia Irma Patricia Leal Islas apuntó que adicionalmente se iniciaron procesos administrativos y penales contra siete funcionarios menores por actos de corrupción, en las áreas de Protección Civil, Seguridad Vial y del Registro Público de la Propiedad.
Cabe señalar que desde la anterior administración de gobierno se señalaron irregularidades en las áreas de Salud a cargo de Alfredo Arango García, en la SEP de Darío Carmona García y de Desarrollo Social, donde desfilaron como titulares los priístas Alejandro Armenta Mier, Javier López Zavala, Juan Carlos Lastiri Quirós y Juan Manuel Vega Rayet.
En Salud pidieron a proveedor detener entrega de fármacos
La Contraloría detectó que en la Secretaría de Salud, además del desabasto de medicamentos, un proveedor que tenía pendiente la entrega de fármacos y estaba dispuesto a entregarlos, recibió la indicación de no surtir los productos, lo que fue una clara anomalía.
El actual titular de la dependencia, Jorge Aguilar Chedraui, reveló que existen observaciones en el manejo de más de 600 millones de pesos ejercidos en 2010, situación de la que dio vista a la Contraloría estatal.
En la SEP Patricia Leal confirmó que se detectaron irregularidades desde que inició el proceso de entrega-recepción, y se iniciaron los procedimientos administrativos respectivos, aunque se negó a entrar en detalles.
Es preciso recordar que el secretario Luis Maldonado Venegas admitió esta semana que las anomalías involucran recursos “millonarios”, pero al igual que su par en el gabinete, rechazó precisar los montos y señalar a los responsables.
Aunque versiones periodísticas dieron cuenta de que existen señalamientos sobre la retención de 400 millones de pesos destinados al pago de maestros eventuales, los cuales no llegaron a los destinatarios.
A decir de la funcionaria, que anteriormente fungió como subsecretaria del Transporte en la administración del priísta Melquiades Morales Flores, el objetivo de la dependencia a su cargo es revisar que el dinero se haya ejercido correctamente.
Un subdirector, el mando más alto que es investigado
El funcionario de más alto nivel al que se le encontraron anomalías fue a un subdirector de la Sedesol cuyo nombre también se reservó la contralora. A este funcionario marinista se le comprobó que hizo un pago de mantenimiento de maquinaria que no se realizó, por lo que ya se dio vista al Ministerio Público.
Sobre el desglose total de anomalías y personas en proceso para ser sancionadas, la funcionaria se excusó al señalar que aún es corto el tiempo de revisión: “hay que ser muy conscientes de que en 90 días no se puede revisar seis años, cada funcionario hace su revisión y si detectan irregularidades nos dan vista, en muchos de los casos se ha encontrado la documentación”.
Explicó que desde el inicio de la actual administración “tan pronto las dependencias detectan la irregularidad, nos dan vista y nosotros iniciamos una auditoría, y cuando ya tenemos sólido el expediente, si vemos que efectivamente lo observado por el titular tiene solidez procedemos de inmediato a la investigación”.
La funcionaria destacó la puesta en marcha del programa “Ciudadano Encubierto”, que pretende erradicar la corrupción en todas las dependencias a través de las denuncias de los habitantes, “desafortunadamente hemos consignado a varios funcionarios públicos, llevamos siete”.
