El funcionario argumentó la ilegalidad del informe de la Comisión Transitoria de Entrega-Recepción, al señalar la falsificación de firmas de los regidores y la alteración de los montos de las observaciones entre el primer documento que señalaba daños al erario por 1 mil 986 millones de pesos y en una segunda versión por 700 millones de pesos.
Ramos Soriano solicitó la realización en un examen de grafoscopía a los dos informes para documentar la alteración de firmas y el cotejo de las cifras de las supuestas anomalías, aspectos que serán llevados por el juzgado dentro del expediente 878/2011.
Asimismo está prevista la comparecencia del alcalde Eduardo Rivera Pérez, el secretario general Manuel Janeiro Fernández, el síndico Ernesto Bojalil Andrade, el contralor Santiago Martínez Sánchez y los regidores integrantes de la Comisión Transitoria.
La ilegalidad del dictamen favoreció el amparo: Castilla
El amparo promovido por Fernando Ramos Soriano, ex director de Recursos Humanos, está sustentado en la ilegalidad del dictamen de entrega-recepción realizado por la gestión de Eduardo Rivera y no tiene la intención de evitar que se comparezca ante la Contraloría Municipal, expresó el regidor priísta Octavio Castilla Kuri.
En entrevista vía telefónica, el integrante de la Comisión Transitoria de Entrega-Recepción detalló que el procedimiento jurídico que emprendió el ex servidor público ante el juez federal octavo llegó el pasado viernes a las oficinas del cuerpo edilicio, una vez que se concedió el día jueves 9 de junio.
“No es que no quiera comparecer u ocultar cosas, sino que lo motivó la ilegalidad del propio dictamen. La posición es que sea ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en donde se dirima el tema”, sentenció.
Castilla Kuri recordó que la fracción priísta en el Cabildo informó que el documento presentando ante los regidores tenía alteraciones en las firmas, situación por la cual interpusieron una constancia de hechos ante la Procuraduría General de la República.
Sobre la posibilidad de que el resto de los ex funcionarios promuevan un amparo, el regidor aclaró que hasta el momento sólo tiene conocimiento del interpuesto por Ramos Soriano, aunque la decisión de promover el proceso jurídico es responsabilidad de los citados a comparecer.
Fue el pasado 31 de mayo que el cuerpo edilicio aprobó por mayoría de votos el dictamen de entrega-recepción el cual contempla un posible daño patrimonial por 700 millones de pesos sustentados en 443 observaciones, además de citar a comparecer a 17 ex funcionarios del gobierno de Blanca Alcalá Ruiz, entre ellos los actuales regidores Sandra Montalvo Domínguez, Lourdes Did Álvarez y Octavio Castilla Kuri.
