El empresario poblano Morris Darío López Fernández se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un juez federal de Nueva York, con la finalidad de llegar a un acuerdo que le permita reducir su pena y alcanzar su liberación.
López Fernández se declaró culpable del lavado de unos 15 mil dólares, pero la fiscalía federal de Nueva York le retiró las acusaciones relacionadas con el trasiego de drogas y con el blanqueo de 490 mil dólares, de acuerdo con un documento del caso obtenido por Gerardo Reyes del diario el Nuevo Herald
"Es una vergüenza que lo hubieran acusado, el gobierno no tenía nada, ninguna prueba en su contra, sólo el testimonio de dos criminales que querían salir de la cárcel", explicó el abogado de López, Alan S. Ross.
Este viernes un juez federal de Nueva York escuchará los detalles del acuerdo de culpabilidad y citará para otra audiencia a fin de fijar la sentencia. López podría afrontar una condena de seis meses -- ya cumplidos desde que fue detenido en julio pasado-- a un año
En los documentos del proceso trascendió que uno de los principales testigos contra el empresario es Rubén Gil, ex alcalde de Izúcar de Matamoros, Puebla, quien se encuentra arrestado en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, según una acusación del 2007.
Gil recibió apoyo financiero de López para su campaña electoral, señala el Nuevo Herald.
De acuerdo con Ross, Gil no ha sido condenado por cuanto esperaba reducir su sentencia con su cooperación en este caso, pero los planes le fallaron.
En diferentes recursos, radicados en la corte federal de Nueva York, Ross describió a su cliente como un exitoso empresario educado en EU que amasó una modesta fortuna mediante la explotación de una finca de su padre, un inmigrante español, y la construcción de vivienda urbana.
La finca, a 40 millas de Puebla, produce cebada para dos grandes compañías de cerveza de México, trigo y maíz, señaló Ross.
En julio, Fernández fue arrestado en el aeropuerto de Miami. Planeaba tomar vacaciones junto a su esposa y dos hijos. El arresto causó revuelo en Puebla, ya que a pesar de tener poca figuración pública, el empresario es reconocido.
Pese a que Fernández había ingresado a EU después de que se radicaron los cargos en el 2009 bajo reserva del sumario, no había sido detenido.
La pieza central de la acusación de la fiscalía, según Ross, era una transferencia cablegráfica de 490 mil dólares a la cuenta Empresarios y Comerciantes Poblanos, LLC, ligada a Gil.
Según la acusación original del gobierno, luego invalidada, ese dinero fue enviado por López para negocios de droga.
"Esto ciertamente le hace a uno preguntarse: ¿si esta suma era para lo que dice el gobierno, por qué el acusado hace [el giro] a su nombre?", escribió Ross.
Según el abogado la transacción fue legal. El dinero, agregó, fue transferido a Fernández por un empresario en Estados Unidos para inversiones en negocios de bienes raíces.
