Después de que la Contraloría municipal lo exoneró de manejos irregulares presuntamente cometidos en el pasado trienio, Javier García Ramírez, otrora director general de Obras y Servicios Públicos analiza el denunciar penalmente a quien resulte responsable del daño que provocaron a su imagen, al acusarlo de haber malversado recursos, de negligencia y de ineficiencia.
En conferencia de prensa, el ex colaborador de Mario Marín, cuando éste era edil de Puebla, evitó politizar el tema y dijo que la renuncia del contralor, Rubén Reyes Leyva nada tiene que ver con la exigencia del juez primero de Distrito, José Saturnino Suero Alba, en el sentido de que tenía la comuna que exonerarlo de la inhabilitación que le impuso y de la sanción de 5.9 millones de pesos que tenía que pagar.
Contempla a través de qué mecanismo pedirá le resarzan el daño no sólo de imagen, sino patrimonial, porque desde hace año y medio que fue acusado, erogó recursos para su defensa, sin que fuera responsable de nada.
Incluso, recordó que nunca le aceptaron las pruebas que presentaron él y otros 7 compañeros, por lo que la resolución de la comuna era unilateral porque carecía de pruebas y de visitas físicas, haciendo a un lado lo que marca la ley de responsabilidad de los servidores públicos.
Ernesto Ramírez, abogado del ex funcionario municipal, criticó el que la administración municipal del panista Luis Paredes Moctezuma, haya dado a conocer a la opinión pública el caso como si se tratara de verdades indiscutibles e irrefutables y lo peor es que fueron difundidas sanciones e inhabilitaciones violatorias de las garantías constitucionales.
La exoneración, es resultado de dos años de juicios; una veintena de recursos y tres sentencias de amparo pronunciadas por jueces integrantes del Poder Judicial de la Federación, a favor de Javier García y sus colaboradores.
Los fallos federales obligaron a la Contraloría Municipal a declarar las obras fueron ejecutadas en los términos contratados, con los estándares de calidad y especificaciones más aceptables; que los pagos a los contratistas se ajustaron a los precios convenidos y que éstos son congruentes con los existentes en el mercado; que la actuación de cada sujeto de investigación resulta irreprochable.
Por su parte, el comité municipal del PAN evitó dar comentario al respecto, al ampararse en el desconocimiento de los hechos.
