12/Marzo/2004
Claudia Lemuz

Al subir a la tribuna, el diputado panista Roberto Grajales Espina le pidió que aclarara uno a uno los señalamientos que había hecho el periodista Rodolfo Ruiz, sobre el manejo de ayudas culturales y compra de paquetes de útiles y otros rubros a través de los que se favorecía a parientes y padrinos políticos del ex candidato del PRI a la presidencia municipal de Puebla, hecho que provocó la salida del aire de su programa La Ley de Herodes.

El panista sostuvo que esta semana en Puebla, un estado que se precia de tener libertad de expresión y democracia, se comprobó que no hay ninguna de las dos cosas, cuando se tocan temas “que son sensibles a la gente” y que reflejan hace falta una educación integral y transparencia en el estado, en el tema de educación.

“Resulta preocupante que sea retirado del aire un periodista, por motivos de haber publicado cuestiones que hirieron, no sabemos que susceptibilidades. Hay puntos claros y precisos que usted –dijo- debe de conocer y que no sólo atentan contra la transparencia de cómo debe conducirse la Secretaría de Educación Pública, la cual, debería ser una de las más importante, porque es uno de los temas más sensibles en el estado de Puebla y en el país”.

Julián y Nacer aceptó que no licitó la compra de los útiles escolares que el gobierno estatal obsequió el año pasado a más de 600 mil escolares, acción que requirió una inversión de 29 millones 265 mil pesos, los cuales fueron pagados a empresas de las que son socios algunos familiares del funcionario estatal.

Al comparecer ante los diputados locales dio los nombres de las empresas a las que compró el material escolar, las cuales, coinciden con los que reveló el pasado lunes este medio de comunicación: Papelería Escorpión, Comercializadora El Gran Almacén, Papelería El Mayoreo de Puebla, Comercializadora La Universal, Veracruz Company, Papelería San Cristóbal de Puebla, Grupo Grafico Editorial y Centro de Distribución.

Optó por no licitar la adquisición del material escolar, amparándose en los artículos 17 y 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal, que establece se puede exentar la licitación por urgencia en caso de desastres naturales o por la especialización de bienes o servicios distintos de los previstos.

Justificó, que él tenía cinco días para hacer la asignación de proveedores, tiempo que no especificó quien impuso; las cotizaciones en cinco días, la elaboración de diseño personalizado para portadas de las libretas en 10 días, la entrega de útiles escolares en un mes, el almacenamiento y separación de paquetes escolares, 30 días a partir de la entrega de los proveedores, empaquetado 30 días y distribución en todas las escuelas del estado en 15 días.

El 7 de abril del año pasado, la sub secretaría de Educación Básica solicitó la adquisición de 140 mil paquetes de preescolar, 152 mil 124 de primero y segundo de primaria, 160 mil 500 de tercero y cuarto de primaria y 192 mil 500 de quinto y sexto de primaria, que suman 664 mil 124 paquetes integrados por libretas, gomas, lápices, papel de china y crepe, juegos de geometría, tijeras, entre otros artículos que los integran.

Expresó, minutos antes de concluir su comparecencia, con la mano izquierda extendida: “si en alguna de estas sociedades anónimas está un pariente mío, no escogí a la empresa porque estuviera mi pariente…hablar de corrupción, de fraude, de desvío de recursos y de todo lo que se ha hablado, no es más que una manera de descalificaciones baratas, sin ningún elementos de prueba y sin justificación”.

Para despejar todas las dudas, se pronunció a favor de que se practique, de considerarse necesario, una auditoría extra, a las que realiza la Contraloría estatal, el Órgano de Fiscalización Superior y el despacho externo que audita a la SEP por disposición legal. “Si aquí hay una acusación de que los útiles escolares no se licitaron, dijo, acepto la acusación”.

En el tema de “ayudas culturales”, al igual que con el tema de útiles escolares, aceptó que dio un millón de pesos a Leticia Jasso, ex líder de la sección 51 del SNTE, pero justificó la entrega, dado que el recurso ingresó al Issstep para saldar un adeudo que tenía el magisterio. Además, dijo, el apoyo a diferentes instituciones y personas está por arriba de los 7 millones de pesos, cifra publicada en los medios de comunicación.

Sobre el priista Julio Cesar Bouchot, aseguró que nunca se le entregó el cheque, dado que sí existió, pero como no estaba justificada la salida, porque no se trataba de un funcionario público, el administrativo de la SEP antes de darlo, lo canceló.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre el uso de las instalaciones educativas y de manera específica del Colegio de Bachilleres, para promocionar a candidatos del Partido Revolucionario Institucional, anunció que los directivos que simpatizan con cualquier partido político, están advertidos que está prohibido el utilizar la infraestructura de la SEP para apoyar a algún abanderado, porque serán sancionados.

Advirtió, que este año cumple 30 años como funcionario público y en la recta final, no cometerá errores que lo saquen del camino recorrido en sus últimas 3 décadas.

Los planteamientos del titular de la SEP fueron escuchados por no más de 25 diputados locales, pues el resto, optó por no asistir a la sesión ordinario o por retirarse antes de tiempo.

Concluida la seria de preguntas y respuesta, la diputada Gloria Marroquín de Acción Nacional, volvió a la tribuna y le pidió que los recursos de la SEP sirvan para abatir las necesidades, dado que es lamentable que se utilicen para apoyar a personas ajenas a la dependencia.

Las palabras de la legisladora estuvieron a punto de ser interrumpidas por el presidente de la mesa, Jesús Vázquez, quien a distancia recibió la orden del líder del Congreso Local, el priista Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien le pidió que ya suspendiera la sesión y enviara a un receso, para que Julián y Nacer, junto con el secretario de Cultura, Pedro Ángel Palou, quien también compareció ayer, pudieran abandonar la sala de plenos.