El gobierno del estado dio por resuelto el caso de Griselda Tirado Evangelio, defensora de los derechos humanos en la región náhualt-totonaca, asesinada el pasado 6 de agosto, sin presentar a Zamudio García Reyes, señalado como el autor material del asesinato, quien a cambio de 10 mil pesos que le pagó Amelia Sánchez Cruz, cometió el delito, según las versiones de la Procuraduría General de Justicia.
El sujeto señalado como responsable de la muerte de Tirado Evangelio fue aprehendido el pasado 7 de febrero, pero por motivos ajenos al caso; el juez de Zacatlán le giró una orden de reaprehensión por el delito de calumnias.
En tanto, Sánchez Cruz, originaria de Zozocolco de Hidalgo, perteneciente al estado de Veracruz, fue detenida unas horas después de que las autoridades estatales ofrecieran una conferencia de prensa, para dar a conocer que el caso estaba resuelto, tras descartar que hubiera sido un asesinato de carácter político y dando por hecho que el móvil había sido pasional.
En entrevista por separado, el gobernador Melquiades Morales Flores manifestó que su gobierno tiene las manos limpias y quedó demostrado con el esclarecimiento de este suceso y el de la muerte del diputado local Teodoro Lozano Ramírez, crímenes que se le atribuían a su administración porque decían que eran políticos, pero, el primero respondió a cuestiones personales de la también consejera distrital del Instituto Federal Electoral (IFE) y el segundo se trató de un accidente en carretera, como fue confirmado el fin de semana pasado, por el único testigo, Miguel Guzmán.
Morales Flores, al igual que el secretario de Gobernación, Carlos Arredondo Contreras, advirtieron que están respondiendo a la legalidad y no a la opinión de la Organización Independiente Totonaca (OIT), fundada por la occisa y actualmente dirigida por Edmundo Barrios, quien en meses pasados, al ver que la PGJ pretendía resolver el caso justificando la muerte por la vía pasional, advirtió que no lo aceptarían porque fuerzas caciquiles de la región llevaron a la muerte a su compañera.
Ayer, luego de que las autoridades estatales cambiaron sorpresivamente el lugar de la conferencia de prensa, convocada primero en el salón Juárez de Casa Aguayo y más tarde en la Procuraduría General de Justicia, informaron que la autora intelectual del homicidio hasta ese momento seguía prófuga, pero, horas después la ama de casa fue aprehendida.
En la conferencia de prensa, el procurador informó que el pasado 20 de agosto García Reyes declaró sobre el caso y narró con lujo de detalle lo que 14 días antes había ocurrido en el municipio de Huehuetla, donde asesinaron a Griselda Tirado.
Zamudio García está relacionado con otras dos muertes, por lo que no rechazó que se trate de un matón a sueldo, dado que su papa también cuenta con antecedentes penales, sin embargo, el procurador, rechazó contundentemente que haya sido contratado por caciques de la zona, señalados por miembros de la OIT como responsables del asesinato, porque resultaron beneficiados con la desaparición de la defensora de derechos humanos.
Así, el pasado 6 de febrero, a consecuencia de su declaración se llevó a cabo una diligencia de reconstrucción de hechos, en la cual participó el detenido e incluso narró lo sucedido en primera persona. De su declaración se desprende que él había participado y por lo tanto es el autor material de la muerte de la defensora de derechos humanos.
Después de haber sido detenido el pasado 7 de febrero, de manera voluntaria –según la versión del procurador-, Zamudio García, quien también se hace llamar Alfonso García, “alias el perro”, dijo ser el responsable de los hechos ocurrido en Huehuetla el pasado 6 de agosto y contó como había privado de la vida a la fundadora de la OIT.
El presunto responsable de los hechos, en los próximos días será puesto a disposición de la juez primera de defensa social, que tiene en su poder las diligencias celebradas.
La escopeta con la que quitó la vida a Griselda Tirado se la entregó a la autora intelectual, quien le ofreció 30 mil pesos, pero sólo le alcanzó a pagar 10 mil pesos a cambio de la muerte de la funcionaria electoral.
Antes de concluir el acto, Carlos Arredondo Contreras dijo que con esto quedó demostrado que en el estado de Puebla, no hay problemas de ingobernabilidad y la civilidad que hay impide que se cometan homicidios.
“No vamos a condicionar la ley a lo que la OIT marque como correcto; ahí están las averiguaciones que han sido ratificadas por los jueces. Además los acusados serán llevados por el camino que establece la legalidad”.
Más tarde, en el boletín enviado por la dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, se informó que Amalia Sánchez de 38 años de edad, contrató al sicario de 75 años de edad, por la cantidad de 30 mil pesos -de la cual sólo recibió 10 mil pesos- para matar a la abogada, lo que éste consumó con dos tiros de escopeta a las 4.15 del 6 de agosto del año pasado en Huehuetla, cuando Tirado Evangelio salió de su casa, rumbo a Veracruz.
La indagatoria realizada por elementos de la Policía Judicial demostró que el esposo de la autora intelectual, procreó con la occisa una hija que cuenta con 4 años de edad y como la pareja de Tirado Evangelio estaba promoviendo el divorcio, su actual esposa decidió vengarse.
Por su parte Edmundo Barrios, asesor de la Organización Independiente Totonaca (OIT) -a la que pertenecía la activista- aseguró que la Procuraduría no informó sobre las detenciones a los miembros de la familia ni a la OIT, por lo que dijo que será hasta este día cuando fijen su postura, aunque adelantó que esperaran a que la dependencia justifique el resultado que se obtuvo de la investigación.
