El regidor Héctor Montiel García reconoció que sólo 28 de las 100 casonas que el ayuntamiento declaró de utilidad pública están registradas en la lista de inmuebles con daños estructurales severos del INAH, porque el resto no cumplen con el requisito de antigüedad para incluirse en la protección de la dependencia federal.
El panista, quien es el principal impulsor del proyecto de las casonas del Centro Histórico, informó que será en la primera quincena de enero cuando se celebre la sesión de Cabildo en la que se aprobará la expropiación.
Hasta el momento sólo se ha platicado con 10 de los 100 propietarios de los inmuebles para explicarles el proyecto, aunque el regidor dijo que aún se está definiendo un esquema en el que los expropiados puedan participar y obtener ganancias de las inversiones que se realicen, no aclaró cuáles podrían ser.
Y es que dijo que el interés del ayuntamiento es recurrir a un formato de expropiación distinto al de las administraciones anteriores en el que se dé participación a los expropiados:
“No podemos hacer una expropiación como otras que se han hecho donde salen muy dañados los ciudadanos, donde hay pocos beneficiados. Esto va a marcar un hito en la forma de expropiar”. Dicho formato se dará a conocer la primera semana de enero.
Montiel reiteró que el interés en intervenir en el centenar de inmuebles consiste en frenar su deterioro y garantizar la seguridad de sus inquilinos, aunque reconoció que sólo el 15% de los predios están habitados.
Descartó que el incluir inmuebles que no están considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad obstaculice la obtención de recursos del fondo para la Protección del Patrimonio Mundial y Natural de la UNESCO, el cual se encarga de asignar recursos para la reparación de bienes inscritos en la lista.
Cabe recordar que el síndico municipal informó que antes de que termine el año su dependencia tendrá listos los decretos expropiatorios de los 100 predios del Centro Histórico y de las 75 hectáreas de la ex fábrica de Cemex.
Y es que explicó que después de aprobada la declaratoria de utilidad pública recibirá el expediente para revisarlo y emitir el decreto de expropiación, procedimiento que estará listo entre ocho y diez días. Es decir que antes de que concluya el año podrían aprobarse ambas expropiaciones, pues el secretario general puede convocar a sesión extraordinaria de Cabildo.
