No es por alarmar, pero las manifestaciones y hechos de violencia que se han registrado en varias ciudades del estado de Guerrero podrían replicarse en Puebla, por la insensibilidad de las autoridades estatales en el tratamiento de algunos conflictos no resueltos, entre ellos la restitución de los servicios del registro civil en decenas de juntas auxiliares, el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso Chalchihuapan, los despidos de cientos de policías por no acreditar los exámenes de control de confianza, la expropiación o afectación de predios en Cholula para la construcción de un parque intermunicipal en la zona arqueológica, y la criminalización de la protesta social.
De acuerdo con fuentes especializadas en temas de seguridad pública y movimientos sociales, en Puebla se están gestando condiciones que podrían ser caldo de cultivo de enfrentamientos entre autoridades y grupos inconformes de distinta naturaleza, en los que destacan personajes que en la décadas de los setenta y ochenta tuvieron una activa participación en organizaciones estudiantiles, campesinas y populares, así como en partidos de izquierda, y que aparentemente estaban inactivos o retirados de la actividad pública.
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