El Juzgado Segundo de Distrito otorgó un amparo a Luis Paredes Moctezuma contra la multa por un millón 185 mil pesos que le impuso el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise) por retrasarse en la entrega de documentación correspondiente a la cuenta pública del 2002, según consta en el expediente 419/2005.
Además, el ex edil de la capital poblana ya promovió otro amparo contra el dictamen que le obliga a reparar un daño patrimonial por 258 millones de pesos y a pagar una multa por la misma cantidad, como consecuencia de presuntas irregularidades halladas en su cuenta pública del ejercicio 2003.
De acuerdo con información obtenida por este medio y confirmada por Luis Armando Olmos Pineda, abogado del ex edil, el juez consideró excesiva la multa aplicada por el Orfise, en función de que el órgano fiscalizador no detectó anomalías en el ejercicio del 2002.
La resolución del proceso de amparo, que se inició en el mes de mayo del año en curso, será notificada al Orfise en las próximas horas y éste podría solicitar la revisión del fallo.
El ex síndico municipal explicó que el órgano fiscalizador no estableció un plazo límite para que Luis Paredes Moctezuma pagara la sanción que le aplicó el mes de mayo.
“Para Luis Paredes es importante la resolución del juez porque en primera instancia le concede que la multa era un exceso”, comentó Olmos Pineda, quien también confirmó que el ex edil promovió un amparo contra los 517 millones de pesos que le impuso el Órgano de Fiscalización Superior por las irregularidades de la cuenta pública del 2003.
Por la cuenta pública del 2002, el Órgano de Fiscalización Superior le emitió al ex panista tres pliegos de observaciones, que posteriormente se convirtieron en pliegos de cargos por 180 millones de pesos y que señalaban irregularidades en la obra pública y adquisiciones, entre ellas la de los Jetta para funcionarios de primer nivel.
En el caso de la cuenta pública del 2003, el daño patrimonial causado por el ex edil durante 2003 fue de 258 millones de pesos, cantidad que no logró solventar y que le mereció una sanción del Congreso del estado por un monto igual, a lo que se deben sumar 12 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Las anomalías consisten en la no licitación de obras —particularmente de pavimentación con concreto hidráulico, asfalto y adoquín—, además de impresiones en la construcción del distribuidor vial Juárez–Serdán, que fue la última obra realizada por la administración paredista.
