No le costó nada. Ni un centavo. La recibió como regalo presidencial en 1932. Hace ocho años, el ayuntamiento —entonces panista— trató de habilitarla como biblioteca pública. La justicia federal no permitió que cambiara de manos.
Este año, después de mantenerse por casi un siglo como inmueble público de la nación, la vieja casona 122 de la 5 Poniente, antaño utilizada como casa de estudios y donde después fueron “destapados” docenas de candidatos a gobernador y presidente municipal de Puebla, será inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) como propiedad del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Según el libro de Hugo Leicht “Las calles de Puebla”, en el edificio de dos niveles marcado en el siglo antepasado con el número 6 de la calle de Correo Viejo, fue instalado temporalmente el Seminario Palafoxiano, luego el Colegio de San Vicente de Paúl (distinto del instituto homónimo de San Juan de Letrán).
A finales de 1892, la casa acogió al Colegio de San Bernardo, titulado así por el nombre de pila de su fundador y rector, José Bernardo Fuentes, que poseía la casa y que había creado la institución en otro local.
El texto de Hugo Leicht no abunda más sobre la historia del edificio, tan sólo anota que desde 1924 es propiedad de la Nación y que el Colegio de San Bernardo siguió ahí hasta 1927; en tanto, en el RPP se advierte que el 5 de diciembre de 1918 fue embargado por decisión del juez de Distrito. La sentencia fue revocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de marzo de 1920. Cuatro años después, el 30 de febrero de 1924, otra vez el juez de Distrito decretó el embargo a favor del gobierno federal. Un dato inexplicable, debido a que no hay documentos para analizar el caso: el 10 de diciembre de 1996 fue cancelado este segundo embargo, después de 72 años.
Para 1932, el entonces presidente Abelardo Rodríguez donó la casona al PRI, con el fin de que pudiera iniciar su campaña política el candidato a gobernador José Mijares Palencia —nacido, por cierto, en Villahermosa, Tabasco—, quien ocupó la primera magistratura estatal entre el 1 de febrero de 1933 y 30 de enero de 1937.
El 28 de enero 1997, el entonces alcalde de Puebla, Gabriel Hinojosa Rivero, inició un juicio de prescripción adquisitiva en contra del PRI, con el fin de pedir al gobierno federal la donación de la vieja casona para habilitarla como biblioteca pública.
El proceso 1/97 fue comenzado ante el Juzgado Tercero de Distrito, que le dio la razón en primera instancia a la comuna y exigió al PRI devolver el bien raíz a la Nación y pagar las rentas adeudadas por usarlo durante casi siete décadas.
Empero, los abogados de la dirigencia priísta apelaron la resolución ante el Tribunal Unitario del Sexto Circuito, el cual concluyó que el instituto tricolor adquirió por prescripción el inmueble, luego de comprobarse que ha pagado por éste todos los impuestos y derechos municipales —aunque cabe resaltar que en el padrón del impuesto predial de la comuna no hay cuenta para este edificio.
En el RPPC no hay antecedentes que adviertan que el PRI usa la vieja casona desde 1932. En el registro oficial continúa la leyenda, hasta el momento: “propiedad de la nación”. Sin embargo, en este mes será radicada la sentencia que acredita la propiedad a favor del instituto político.
Para el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Mario Montero Serrano, el entonces alcalde Gabriel Hinojosa Rivero actuó en forma “dolosa”, con la “única intención de afectar el patrimonio” priísta; desde su perspectiva, emprendió un juicio en forma irresponsable.
