En los últimos 50 años, el estado de Puebla ha perdido 628 mil hectáreas de bosques por diversos factores, todos relacionados por el cambio de uso de suelo. Unos de los principales motivos han sido, por lo menos en la Sierra Negra, la pobreza y la marginación en la que viven sus habitantes, quienes ante la ignorancia por regularizar sus tierras, convierten la tala clandestina en su principal actividad comercial.
Hasta hace algunos años, según la Secretaríadel Medio Ambiente y Recurso Naturales, Semarnat, delegación Puebla, y la Procuraduría Federalde Protección al Ambiente, Profepa,la Sierra Norte―Huauchinango, Xicotepec, Teziutlán, Ayotoxco, Huehuetla y Olintla― era la más afectada, pues los programas gubernamentales obligaron a los campesinos a devastar selvas altas y medianas para la crianza de ganado y la producción de café. En la actualidad, ninguna de las dos producciones es rentable, por lo que ahora se impulsa la reforestación comercial de forma legal.
Los factores que han provocado la pérdida de áreas verdes y boscosas son, habitualmente, por cuestiones agrícolas y ganaderas, por crecimiento urbano, por tala clandestina, incendios y por plagas.
Todo esto ha provocado que, durante el último medio siglo, se pierdan, anualmente, más de 10 mil hectáreas, lo cual ubica al estado de Puebla en el lugar número 18 a nivel nacional en cuanto a la deforestación.
Según los cálculos de la Semarnat, delegación Puebla, las 628 mil hectáreas que se han perdido, no se podrán recuperar, ya que muchas de ellas son ciudades, terrenos agrícolas o industriales.
«Consideramos que de ese total se pueden recuperar 200 mil hectáreas. Estamos pensando que a largo y corto plazo, que en 20 años podría ocurrir, es decir: diez hectáreas por año», asegura Jorge Fernández Median, sub delegado de Gestión parala Protección Ambiental.
El impacto ambiental negativo ocasionado, principalmente, por la mano del hombre, también ha traído como consecuencia la pérdida de fauna, la escasez de agua y la producción excesiva de bióxido de carbono.
Actualmente, de las 3. 4 millones de hectáreas del estado, solo 1.7 millones son de vocación forestal, únicamente un millón sustenta vegetación.
Por su parte, Rubén Pedro Rodríguez Torres, titular de la Profepa en Puebla,
coincide en que la zona boscosa del estado, ha dejado de ser, de cierta forma, un problema por la tala clandestina: «Entre los puntos críticos se encuentra la zona de Chignahuapan y Tetela de Ocampo, sin embargo aquí se tienen los mayores aprovechamientos legales en un buen porcentaje. Se habla de un 30 por ciento de tala ilegal y el 70 por ciento restante legal».
El funcionario afirma que lo contrario ocurre enla Sierra Negra, en donde el 5 por ciento es legal y el 95 por ciento ilegal.
Ambos funcionarios aseguraron que en el caso particular dela Sierra Negra, la situación de irracionalidad con que se aprovecha los recursos naturales, se debe, a que es la región con mayor atraso social del estado: «Se presentan fenómenos de pobreza muy impresionantes, donde lamentable se hace un círculo de deterioro de los recursos naturales-pobreza, y que debido a esas condiciones en las que vive la gente, pues se ven obligados a hacer uso de los recursos de manera clandestina», afirmó Rodríguez Torres.
Según estas dependencias federales, la marginación y pobreza de los campesinos, se traduce en la ignorancia que limita el contar con la regularización de sus tierras, permitiendo que los caciques o a las mafias que promueven la tala ilegal, se aprovechen de ellos.
El delegado de la Profepa, añade: «Aquí pasa enla Sierra Negraque ha habido un olvido y creo que una falta, a lo mejor, de ética política histórica, en donde solamente se acudía a esas comunidades por el voto».
Desde 1930 hay en esa zona un rezago agrario que no se ha podido superar, pese a los intentos de la Procuraduría Agraria; a lo que habría que sumarle la oposición de los campesinos que se dedican a la tala de árboles. «Pasa que la gente está mal informada, no quieren creer que vamos a ayudarles, creen que no entendemos la necesidad de esa gente humilde y que necesitamos ir contra esos caciques que se han valido de esa falta de gobernabilidad que propicia la incertidumbre de la tenencia de la tierra y que los tiene prácticamente acasillados».
La regularización de la tierra, es un requisito indispensable para que las dependencias gubernamentales otorguen apoyos y permiso para cortar árboles, lo que permitiría a los campesinos vender su madera a precios reales y no tener que estar dependiendo de las mafias, que les mal pagan. Un claro ejemplo del abuso cometido por las mafias, es el precio del pino que llega alcanzar, en precio real, los 3500 pesos, mientras que a los campesinos, muchas veces, les pagan entre los 250 y los 300 pesos.
«Este fenómeno se repite en muchas zonas del estado, y sigue siendo el principal, el de no tener la certidumbre de sus precios, y lo que no les permite solicitar un permiso ni apoyo de los gobiernos para reforestar, para un proyecto de ecoturismo», afirma Fernández Medina.
Las zonas críticas
De acuerdo a la información proporcionada por estas dependencias federales, hasta hace algunos añosla Sierra Nortey Nororiental, eran consideradas el punto más crítico en cuanto a la tala clandestina, pero con el paso de los años han dejado de serlo. Ahora las regiones que tienen «mayor presión» en el proceso de deterioro de sus recursos naturales, son: la Sierra Negra, en primer lugar; en segundo la zona del Izta-Popo; Pico de Orizaba, en tercero; cuarto lugarla Malinche, y en el últimola Mixteca.
En un análisis, el delgado de la Profepa, informó que en la región del Pico de Orizaba, «prácticamente se necesita mucha más atención de la que actualmente se le da. La peor zona esla Sierra Negra, esta es la más abandonada, la más susceptible de cacicazgos. En la Malinche, asegura, se han intentado programas de fomento y otros programas más, pero ahí creo que se necesita mucha voluntad del gobierno del estado para frenar ahí a los líderes que van a agitar a la gente y que controlan a los vecinos, que se les aplique la ley».
¿Qué hacer?
Para frenar la tala ilegal, todas las dependencias relacionadas con la ecología, han logrado instrumentar operativos de vigilancia con la ayuda de los campesinos que han hecho conciencia de la importancia de preservar sus bosques y explotarlos de manera racional, después de regularizar sus predios.
Un ejemplo de ello, son los habitantes de comunidades como Chiautzingo, Santa Rita Tlahuapa, Xalitzintla, San Nicolás de los Ranchos y San Mateo Ozolco, lugares en los que al menos 112 personas vigilan los recursos de sus propios ejidos, y que periódicamente reciben capacitación forestal.
Aunque enla Mixtecapoblana no existan problemas de deforestación, 150 campesinos se han organizado para cuidar de los cazadores al venado «cola blanca».
«Esta es una prueba de que se está revirtiendo, con la participación de la gente, el deterioro ambiental, estamos ciudadanizando el combate de la tala clandestina. Sí se puede, además con la participación importante de los niveles de gobierno”, dice Rubén Pedro Rodríguez Torres, de la Profepa.
El estado de Puebla es uno de los que a nivel nacional tiene el mayor número de plantaciones comerciales. Principalmente enla Sierra Norte, donde se están estableciendo plantaciones de caoba, cedro rojo y rosa, beneficiando a900 hectáreasen esa zona.
ediles de la Sierra Negra, de los principales taladores de la región
La madera clandestina que se obtiene de la Sierra Negra podría estar almacenada en 15 bodegas ubicadas en los municipios de Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, algunas de las cuales pertenecen al presidente municipal del primer lugar, Juan Romero Huerta, a Jerónimo Hernández, Celiseo Domínguez, y a las familias Hernández Huerta, Hernández Montiel, Cid Cid, Tepole y los hermanos Téllez, de Rancho Cabras, quienes tienen los permisos de aprovechamiento forestal que en realidad les servirían para cubrir la sobreexplotación de los árboles. El producto es comercializado en el valle de Tehuacán, la ciudad de Puebla, Veracruz y el Distrito Federal, según fuentes dignas de crédito.
De acuerdo con una nota que publica hoy La Jornada de Oriente, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Puebla, Rubén Pedro Rodríguez Torres, confirmó que la dependencia pronto realizará una inspección en dichos almacenes para cotejar que los volúmenes establecidos en las anuencias de aprovechamiento del bosque coincidan con los tablones cortados.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició las indagatorias sobre el alcalde Romero Huerta y otras 15 personas que el miércoles de la semana pasada habrían utilizado grupos de choque para atacar a los elementos de la Policía Preventiva Estatal, la Profepa y la Secretaría del medio Ambiente y Recursos Naturales, involucrando además a unos 7 mil pobladores de Vicente Guerrero, Coyomeapan, Ajalpan, Zoquitlán y Nicolás Bravo, enfrentamiento del que resultaron cuatro uniformados heridos –dos de bala y uno con machete– y 35 retenidos de las tres dependencias.
La Procuraduría General de la República atrajo ya el caso, y el Congreso del estado acordó este fin de semana con la Secretaría de Seguridad Pública estatal formular una iniciativa que haga posible la creación de un cuerpo de vigilancia exclusivo para las zonas forestales. La Secretaría de Gobernación precisó que los retenes establecidos para verificar los cargamentos de vehículos que salen de la Sierra Negra continuarán, que el establecido en Vicente Guerrero no saldrá de esa región, sino que sólo se le moverá “algunos metros”, y que el Poder Ejecutivo no titubeará en la aplicación de la ley.
