El número de empresas de seguridad privada ilegales que operan en el estado es igual al de compañías que se tienen legalizadas en el estado, informó el procurador Héctor Maldonado Villagomes, quien aseguró que se iniciarán averiguaciones en contra de aquellas compañías que no proporciones la documentación necesaria y comprueben que cuentan con los permisos que se requiere para brindar este servicio.
Informó que la Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos detectó que en los municipios de Puebla, Tehuacán y Huauchinango se incrementó la cifra de corporaciones que, sin contar con la autorización de la dependencia, brindan servicios de seguridad, es decir 47 corporaciones, similar a las empresas que están en orden.
Recordó que este problema comenzó a combatirse durante su gestión como director consultivo, cuando se ingresó a una etapa persuasiva en donde se exhortó a las empresas a regularizar su situación; a las que no atendieron este llamado, dijo, se les inició una averiguación previa.
Y aunque Maldonado Villagomes aseguró que el gobernador indicó que se apresuren las indagatorias en este rubro, descartó que se busque perjudicar a los empresarios, pues mientras entreguen la documentación que la procuraduría les solicitará no se les retirará del servicio.
En otro orden de ideas aseguró estar satisfecho con los resultados que la procuraduría arrojó este año, pues se logró abatir en 10% el índice delictivo. Sin embargo anunció que el robo en todas sus modalidades, el crimen de mayor incidencia en el estado, incremento en 7%.
Explicó que este incremento obedece a que los banqueros no han adoptado las medidas de seguridad que fueron dadas a conocer mediante el Diario Oficial de la Federación a principios de octubre, en donde, recalcó, se dan instrucciones precisas para incrementar la seguridad en las instalaciones bancarias.
Coordinadamente con los banqueros se ha tratado de remediar el problema, recordó que la semana pasada se anunció que se temía que esta semana hubiera varios atracos, fue un cajero del banco Bital, se encuentran rastreándolo.
Informó que ya inició el proceso de supervisión a los bancos para revisar si ya se adoptaron las medidas, a la fecha existe un avance del 25% en estas inspecciones por parte de la Policía Judicial, la secretaría de Seguridad Publica y el personal de seguridad de las propias instituciones bancarias.
Y es que admitió que la dependencia no tiene el número de efectivos necesario para garantizar la seguridad de estas instituciones, las cuales, dijo, proliferaron considerablemente en los últimos años.
Por otro lado anunció que se incrementó en 60 millones de pesos el presupuesto, el cual, dijo, obedeció a la preocupación del gobierno estatal por brindar a la sociedad una óptima seguridad pública y agregó:
“Lamentablemente a la procuraduría no le corresponde directamente esa función. Está la policía estatal preventiva y la policía municipal preventiva, sin embargo nosotros como coadyuvantes, colaboramos al realizar rondines y contribuir en operativos con distintas instancias”.
Uno de los logros de la administración, resaltó, fue que se logró abatir los rezagos en materia de averiguación previa pues se cubrieron 125 mil averiguaciones que existían desde 1993 y a los que no se había dado cause a lo que el procurador recalcó que esta situación no obedeció a la apatía del ministerio sino a la indiferencia del agraviado pues, dijo, muchas veces se conforma con solo denunciar y no continúan con el proceso.
Finalmente, indicó que el Poder Judicial realizará un estudio sobre la situación que guardan las ordenes de aprehensión, pues en este año sólo se lograron concretar 7 mil de un total de 35 mil, por lo que se analizará si la demora de la ejecución es apegada a derecho.
