El Juez Primero de Distrito negó la suspensión definitiva al amparo que promovió el ex subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Issstep, Rodrigo Lazcano Fernández, contra la orden de aprehensión que se giró en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que ahora se encuentra prófugo de la justicia.
Fuentes extraoficiales refirieron que, mientras se desempeñaba en ese cargo, Lazcano Fernández y otros ex funcionarios del Issstep habrían llegado a cobrar los cheques de al menos 130 pensionados fallecidos.
En marzo de 2011, el director del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Puebla (Issstep), Roberto Rivero Trewartha, confirmó que al menos 70 ex trabajadores del gobierno estataldeclarados muertos –después alcanzaron los 130 casos-, aún cobraban sus pensiones a través de familiares o amigos, por lo que el organismo presentó las denuncias penales correspondientes.
Las autoridades estatales iniciaron las investigaciones sobre un presunto fraude que ascendería a 800 millones de pesos y en el que estaban involucrados los funcionarios que autorizaron el pago de las pensiones y la emisión de cheques con nombres de personas fallecidas, entre ellos fue señalado Rodrigo Lazcano Fernández.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) consignó la investigación y el juez penal correspondiente liberó la orden de aprehensión contra Lazcano Fernández por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, lo que motivó al probable responsable a promover un juicio de garantías el 30 de diciembre de 2011, según consta en la lista de acuerdos del Juzgado Primero de Distrito.
El amparo 1935/2011 le fue concedido de manera provisional mediante el pago de 80 mil pesos de garantía ese mismo día; sin embargo, este lunes 16 se le notificó que la suspensión definitiva le fue negada y hoy, martes, quedó publicada.
Las fuentes consultadas por este medio advirtieron que las autoridades judiciales girarán más órdenes de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito en contra de otros ex funcionarios del sexenio pasado, cuyos nombres no fueron proporcionados debido al sigilo de las indagatorias.
Asimismo, precisaron que estas personas no están siendo investigadas por ilícitos como peculado, desvío de recursos u otros, por lo que las indagatorias solamente se siguen en contra de ex servidores públicos que no pudieron comprobar sus altos ingresos o la adquisición legal de bienes, entre otros.
El ex director del Issstep, Lauro Sánchez López, negó que durante su administración se hayan pagado pensiones a ex trabajadores fallecidos y dejó entrever que Ricardo Villa Issa es responsable de los 70 casos detectados por la nueva administración.
Según su versión, en el periodo que estuvo al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep), entre 31 de julio de 2009 y 17 de marzo de 2010, no se detectaron anomalías de esa índole, ni se pagaron pensiones de forma irregular.
El ahora diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que los primeros 70 casos de pensiones pagadas a personas muertas "corresponden a los últimos meses de la administración marinista", los cuales estuvieron a cargo de Villa Issa.
