Martín Barrios Hernández, presidente dela Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, confirmó que la organización inició una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la Federación le brinde protección.
El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento dela CIDH, órgano principal y autónomo dela OEA. Estanorma establece que en casos de gravedad y urgenciala Comisiónpodrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas.
Entrevistado por e-consulta, el consejero distrital admitió su preocupación por la seguridad de quienes apoyan las demandas laborales de los empleados de la maquila, y condenó que algunos empresarios de Tehuacán, en represalia, elaboren “listas negras” para castigar a aquellos que le manifestaron su solidaridad.
Sobre el origen de la acusación por la cual fue detenido, a partir de una denuncia del empresario Lucio Gil Zárate por presunto chantaje, Barrios precisó que reporteros locales le comentaron que el secretario de Desarrollo Económico del estado, Gerardo Fernández Sánchez, se reunió el pasado 21 de noviembre con empresarios de Tehuacán, quienes le exigieron “parar” el movimiento obrero.
De acuerdo a esta versión, el titular dela Sedecorespondió: “dennos los elementos” y se comprometió a actuar en consecuencia.
Luego de que periodistas de Tehuacán le advirtieran a Barrios que se preparaba un “linchamiento” en su contra, una fuerte protesta frente a la casa de Lucio Gil Zárate desató la “iracundia” del empresario y fue el detonante de la acusación por chantaje.
Para Barrios Hernández, otra razón de su detención fue separarlo del consejo distrital del IFE, conformado en Tehuacán “por muchas organizaciones, es un consejo crítico y plural que ha generado la iracundia de los dirigentes de unos y otros partidos”.
El diálogo
Aunque luego de su liberación Martín Barrios no ha tenido contacto con el gobierno —del cual reiteró que no fue mediador, sino que actuó en “complicidad” con los empresarios—, indicó que el vocero Valentín Meneses ofreció una mesa de diálogo en el noticiero de Carmen Aristegui.
“Vamos a decir que sí, convocamos a todos los medios y vamos, la gente de Tehuacán está dispuesta.” Manifestó que la comisión que preside no pretende que cierren las empresas ni los contratos maquiladores, pero sí exigirá “responsabilidad empresarial”, un diálogo en “condiciones justas” y que se acaten los fallos de la JLCyA.
“Yo pido garantías al gobierno, que es el responsable de la seguridad, y exhorto a la Cámara del Vestido para que la situación se mantenga en los cauces en que se debe mantener, no a través de golpizas o represalias, y que las diferencias que tenemos las resolvamos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.”
También solicitó al gobernador Marín que cumpla lo que expuso en su primer informe de labores sobre el respeto a la pluralidad, el disenso y los derechos humanos.
Los maquiladores
Respecto al apoyo que más de treinta empresarios textileros dieron a la denuncia en su contra, Barrios Hernández indicó que muchos de ellos negaron haber apoyado las acusaciones y otros ya retiraron su firma.
El Grupo Navarra, señaló Martín Barrios, retiró su apoyo porque “es el conflicto de un maquilador”, y quedaron en apoyo a Lucio Gil Zárate sólo “las maquilas chiquititas”.
Una vez que fue liberado, el Consejo de Seguridad Ciudadano en Tehuacán lo invitó a exponer su queja, pero el activista laboral se negó bajo el argumento de que dicho consejo está conformado por una élite de empresarios, y que no iría a poner quejas con quienes lo “metieron en la cárcel”, razón por la cual lo acusaron de negociar su liberación con Lucio Gil Zárate.
“Ningún maquilador es justo en Tehuacán, nosotros hemos hecho un estudio, conocemos casi a todos, sabemos cómo se han hecho ricos, explotando la mano de obra de la región. Yo creo que lo que querían esconder ahora va a ser más visible”, expuso.