De cada cien pesos que ingresan a una familia entre siete y 30 pesos se destinan para el pago de sobornos, lo que anualmente implica que los mexicanos invierten 10 millones 656 mil pesos en estos “impuestos” pagados de manera directa a funcionarios, expuso la rectora de la Universidad de las Américas, Nora Lustig, durante el foro de Transparencia y Combate a la Corrupción.
En el mismo contexto, Aliza Chelminsky, titular de la Unidad de Vinculación de Transparencia, de la Secretaría de la Función Pública, informó que la dependencia ha inhabilitado a ocho mil funcionarios, cifra que demuestra que debe trabajarse más en el área preventiva.
Durante su exposición, Nora Lustig señaló que los estudios económicos muestran que a mayor corrupción existe una mayor obstrucción en el desarrollo de los países, pues de acuerdo con indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo los países destinan anualmente 400 mil millones de dólares al pago de sobornos.
En el caso de México se determinó que los hogares destinan al menos 10 pesos en el pago de sobornos y que este “impuesto directo a los funcionarios”, como lo llamó la rectora, golpea en mayor proporción los bolsillos de los hogares con menores recursos, pues en esos casos el pago de sobornos representa hasta el 29.5% de su ingreso diario, mientras que en familias de mayores recursos el gasto representa el 7% de los ingresos.
En cuanto al segmento de población que es cae con mayor recurrencia en el soborno, Aliza Chelminsky detalló durante su participación que se trata de los jóvenes entre 18 y 25 años, lo que dijo implica un gran reto para las universidades, pues éstas deben fomentar la erradicación de la práctica.
La funcionaria del gobierno federal consideró que el combate a la corrupción no puede emprenderse buscando responsables cada seis años, cuando concluyen las administraciones, sino deben implementarse mecanismos preventivos que permitan erradicar el problema.
Como parte de ello, dijo que el 10% de los funcionarios del gobierno federal se han sumado al servicio civil de carrera para asegurar que sea por méritos propios que permanezcan en la función pública y no por mecenas.
La titular de la Unidad de Vinculación de Transparencia, pidió que además de las pérdidas económicas que genera la corrupción se tome en cuenta el costo social, pues sin importar la condición social, es un padecimiento que afecta a todos los mexicanos, quienes revelaron su preocupación sobre el tema en la encuesta levantad por Transparencia Mexicana, en la que el 94% de los encuestados considera que todos los ciudadanos deben participar en el combate a la corrupción.
