Pese a la existencia de documentos que avalan el desfalco cometido por Alejandro Oaxaca Carreón al frente de una tienda del ISSSTE en el año 2001, el gobernador Melquiades Morales Flores sostuvo que nunca detuvo el inicio del proceso penal en su contra, ya que ni siquiera conoció del caso.
Ayer lunes e-consulta reveló la existencia de un expediente elaborado por la delegación de la institución médica, en el que detectó un faltante de 463 mil pesos atribuidos al hoy diputado local, días después de renunciar a la gerencia de la tienda 238, ubicada en bulevar Xonaca 1608, en el barrio de El Alto, para sumarse a la candidatura por la presidencia municipal de San Pedro Cholula, misma que ganó en noviembre de ese año.
Sobre el particular existe la tarjeta informativa que el delegado Oscar Ramírez Mijares envió al gobernador Melquiades Morales Flores el 19 de junio de 2001, en la que detalla las irregularidades de Oaxaca Carreón y la postura del ISSSTE por presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal, así como el inicio de un proceso de responsabilidades entre el 12 y 13 de julio siguientes.
Las actas de toma de inventario que comprenden 17 páginas, señalan los faltantes de mercancía por la cantidad de 463 mil pesos, cifra que representa el 3.12% del total de las ventas registradas en el periodo comprendido del 25 de septiembre del año 2000 al 16 de abril del 2001.
Al ser cuestionado al respecto Morales Flores de manera breve aseveró que desconocía del caso, en el entendido de que si hubo la intención de iniciar un proceso por un delito federal, sólo correspondía al ISSSTE y no al estado actuar contra el ex funcionario.
“O sus adversarios, que los tiene, como todos los políticos los tenemos, los hubieran hecho valer (las pruebas en su contra). Las autoridades lo hubieran desconocido como titular, lo hubieran procesado”, dijo.
Negó que en 2001 hubiera protegido a Oaxaca Carreón desde el poder ejecutivo para detener el procedimiento en su contra y permitir que fuera candidato del PRI por la alcaldía de San Pedro Cholula, ya que insistió, no competía a su jurisdicción de gobierno.
En la actualidad el diputado local enfrenta un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades iniciado por el Congreso del Estado, por no haber solventado 8.7 millones de pesos durante su gestión de alcalde de 2002 a 2005, de los cuales 7.1 millones implican daño patrimonial a la hacienda pública y el resto daño administrativo.
