Sin definir los criterios para que choferes del transporte público identifiquen a la gente discapacitada y de la tercera edad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes oficializó que a partir de hoy los primeros no pagarán por el servicio, los segundos cubrirán 3 pesos, en tanto que la tarifa para el grueso de la población será de 4 pesos.
Marco Antonio Rojas Flores, titular de la dependencia, eludió el tema de los descuentos para estudiantes y acotó que corresponderá a la siguiente administración definir un mecanismo de apoyo a este sector, así como resolver las dudas que generará la medida.
De entrada el funcionario no acertó a señalar si las unidades mayores a 10 años que todavía hasta este jueves portaban una calcomanía para cobrar 3 pesos y no 3.50 como se permite a los vehículos recientes, generalizarían la tarifa de 4 pesos.
Al anunciar que la gente discapacitada tendrá servicio gratuito de transporte, fracasó al explicar si esto sólo aplica para quien adolece de alguna extremidad, o si se extiende a personas invidentes, sordas y mudas.
Señaló que personas de la tercera edad pueden exigir el beneficio de pagar 3 pesos si presentan su credencial del Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (Inaplen) que se extiende a quien tiene más de 60 años, pero al interrogarlo sobre el hecho de que hay adultos no inscritos en este organismo, sólo alcanzó a mencionar que el asunto se someterá a un acuerdo con los transportistas.
En tono molesto, dijo que existen cuestiones que no pueden resolverse de “un plumazo”, y al igual que con la definición de cobro por parte de las unidades viejas, forman una “serie de cuestiones a considerarse en los días siguientes, tiene muchas variables este asunto”.
Sobre las peticiones hechas por grupos de estudiantes para obtener un descuento del 50 por ciento en la tarifa, de manera abierta sostuvo que tocará a la siguiente administración negociarlo, ya que la población escolar representa casi la mitad de todos los usuarios del transporte.
La secretaría tan sólo autorizó concesiones para que la UAP instale una línea privada de autobuses para sus alumnos, en los que podría fijar una tarifa menor a la general de 4 pesos.
Durante el anuncio oficial, funcionarios de la SCT señalaron que el incremento se basó en un análisis que duró 13 meses, el cual contempló los cambios en el índice nacional de precios al consumidor, el salario mínimo vigente, el precio de los energéticos e insumos de los vehículos, la oferta y demanda del servicio, así como la modernización del parque público.
El gobernador Melquiades Morales consideró que la medida es dolorosa e impopular, pero necesaria a tomar para que los transportistas ofrecieran un buen servicio, una vez que desde hace un año se impuso la obligatoriedad del programa de modernización de vehículos.
Al igual que el secretario de comunicaciones, el mandatario señaló que tocará a la gestión de Mario Marín Torres el negociar con los estudiantes para ofrecerles una tarifa preferencial o un sistema vehicular propio.
