El gobernador Mario Marín Torres debe renunciar a su cargo porque ya no tiene otra opción, enfatizó el miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas García.
Quien además fue consejero federal electoral, consideró que será la presión social, local, nacional e internacional, en vez de la jurídica, la que obligará al ejecutivo estatal a abandonar el puesto.
Señaló que si bien no existe un fundamento legal que obligue al gobernador a dejar el cargo, Mario Marín debe hacerlo por que manipuló el Poder Judicial y eso es una razón moral que le pesará, dijo.
En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida investigar la implicación de Mario Marín en el encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, sostuvo que el gobernador deberá pedir licencia para que las averiguaciones se realicen en un ambiente de normalidad.
Aseguró que a partir de este incidente es necesario que las autoridades analicen la factibilidad del fuero — protección jurídica de la que gozan el presidente, los gobernadores, diputados y senadores— para la aplicación de la justicia.
Al término de su ponencia en la UPAEP, Cárdenas García indicó que los problemas para castigar a Mario Marín por sus acciones provienen de la incapacidad de las leyes mexicanas para castigar a los funcionarios públicos de primer nivel.
Subrayó que México no puede decir que vive en una democracia cuando el Poder Ejecutivo cree que tiene la autoridad para enjuiciar a una persona para responder los compromisos que tiene con otra.
Ante esto, aseguró que es necesario establecer un Tribunal de Responsabilidades para los funcionarios públicos, porque las contralorías que existen en todos los niveles de gobierno exponen su dependencia a las exigencias del poder.
Especificó que este tribunal ya funciona en Alemania y lo componen juristas independientes.
