La propuesta para disolver los poderes de gobierno en el estado de Puebla, fue retirada en el Senado por parte del perredista César Raúl Ojeda Zubieta, quien consideró que primero debe concluirse el proceso de investigación que se solicitó el Congreso de la Unión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De igual forma procedió el senador panista Francisco Fraile García, quien solicitó con anterioridad la creación de una comisión para determinar la desaparición de los poderes constitucionales en la entidad e investigar el espionaje telefónico del que fue objeto el mandatario estatal.
Ambos asuntos estaban programados para discusión desde el martes pasado, sin embargo los legisladores los retiraron de la lista y pospusieron para este jueves, como una medida de respeto a la muerte de la madre del gobernador Mario Marín Torres, registrada ese día.
Ojeda Zubieta sostuvo ayer que al discutir el tema en la bancada perredista, se valoró el proceso aprobado el martes para solicitar a la Suprema Corte una investigación especial que determine si el gobierno de Puebla violó las garantías individuales de la periodista y escritora Lydia Cacho, y además la petición de juicio político que también hizo el PRD en la Cámara de Diputados.
El senador por el PRD consideró que los dos procesos señalados son suficientes para que la justicia “actúe a cabalidad”, y con la previsión de evitar alguna insuficiencia jurídica en el caso, solicitó el retiro de su solicitud para desaparecer los poderes en la entidad.
“Hemos pensado que este tema es vital, y estamos seguros, que los senadores de la República, los diputados en el Congreso de la Unión, no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que se haga justicia”, indicó.
A su vez Fraile García consideró que si el Senado y el Congreso federal ya solicitaron a la SCJN su intervención, es “prudente” que se abra el camino para que la justicia se aplique de forma correcta.
“A mí me parece que no podemos quitar el dedo del renglón, hay asuntos graves en el tema, pero la Suprema Corte sea quien resuelva el asunto para después proceder las Cámaras”, indicó.
Minutos previos a la sesión del Senado —que se retrasó por más de hora y media— tanto Raúl Ojeda como Francisco Fraile señalaron la necesidad de aprobar la desaparición de poderes en la entidad, ya que la Suprema Corte carecería de “peso específico” para obligar a Marín a retirarse del cargo por violentar el orden constitucional del estado.
Además se solicitaría a la Cámara de Diputados el inicio de un procedimiento de responsabilidad contra Marín, con base en el Artículo cuarto de la Constitución Política; y una demanda al Congreso de Puebla para indagar la intervención telefónica que padeció el mandatario estatal.
Al retirarse las propuestas, el panista negó que se haya registrado algún acuerdo o se le esté dando "aire" al gobernador de Puebla para que pueda permanecer en el cargo. "No hay nada de eso, se los juro, lo que vamos a hacer es tomar los pasos que sean necesarios para llegar a una solución jurídica".
Sí afecta a Madrazo el Caso Marín: Jackson
El líder del PRI en el Senado, Enrique Jackson Ramírez, reconoció por primera vez que los casos de Arturo Montiel y del gobernador de Puebla, Mario Marín, sí han afectado y dañado la imagen del partido y la candidatura presidencial de Roberto Madrazo Pintado.
"Claro que nos han hecho daño, claro que han influido en el ánimo de los electores, pues nadie puede ver con simpatía este tipo de situaciones, que son vergonzosas", subrayó el también presidente de la Cámara alta, quien afirmó que "el PRI no puede solapar a nadie".
A su vez el alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, consideró que no se deben desestimar las consecuencias de éste escándalo: “yo no las minimizo, yo creo que hay, insisto, molestia social, irritación de la sociedad sobre todo de cómo se ha manejado, con el engaño, por el bien de Puebla debe resolverse, que se investigue y se castigue a quien resulte responsable”.
En tanto la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados recriminó al diputado federal Pedro Ávila, por sus declaraciones en contra del Gobernador Mario Marín, el martes pasado.
Se indicó que el poblano José Luis Flores leyó en la reunión privada del pleno una misiva en la que calificó de "viejo senil" al legislador duranguense, y pidió a su coordinador, Emilio Chuayffet, que lo reconviniera.
Ávila declaró desde la tribuna, el martes, que era inadmisible para los priístas "bien nacidos" que tuvieran en sus filas a un gobernador "degenerado y sátrapa" y consideró que en el tricolor no caben los “sinvergüenzas”.
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Alma Tapia
“Radical” la propuesta del PAN para desaparecer los poderes estatales: especialista
María del Carmen Jiménez Gómez, especialista en derecho constitucional, afirmó que es radical la propuesta del Partido de Acción Nacional sobre la desaparición de los tres poderes en la entidad.
Aseguró que la entidad vive en un estado derecho, los poderes están perfectamente constituidos, indicó que aún cuando hay fallas, la constitución “establece los medios para corregirlos”.
María del Carmen Jiménez señaló que de acuerdo al artículo 110 constitucional, podrían ser enjuiciados los funcionarios públicos de más alto rango, se establece que serán juzgadas aquellas personas que se coloquen en la hipótesis que prevé el mismo artículo, estarían en ésta hipótesis los que comentan faltas y violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, a la leyes federales que de ella emanen.
En entrevista para e-consulta radio, la especialista en Derecho Constitucional explicó que este juicio se tendría que llevar a cabo ante en el Congreso de la Unión, y serán las cámaras, la Cámara baja presentará la acusación ante la Cámara alta.
Señaló que la Cámara de diputados después de estudios exhaustivos establecerá si se está colocando a la persona en la hipótesis prevista por el artículo 110. Posteriormente se le acusa ante la Cámara de Senadores, quienes se erigirán en juzgado, y determinarán si existe o no responsabilidad de Marín Torres en los hechos.
En el caso de que se compruebe que existe responsabilidad, con base en la decisión, que corresponde solamente a los senadores, se aplicará una sanción, que también contempla la constitución y consiste en la destitución del cargo e inhabilitación del funcionario para desempeñar cualquier otro cargo o comisión de carácter públicos.
