Ocho de cada diez poblanos considera que la voz del gobernador Mario Marín Torres sí aparece en la grabación telefónica con el empresario Kamel Nacif Borge, y siete de esos diez estiman por consiguiente que debe abandonar a su cargo mientras se realizan las investigaciones para definir su participación en la detención de Lydia Cacho Ribeiro.
Así lo reveló la encuesta telefónica que la empresa Consulta Mitofsky realizó en el estado de Puebla y presentó su director Roy Campos la noche de este domingo, durante el programa de televisión Punto de Partida, de la periodista Denise Maerker.
Al comentar los resultados del estudio indicó que se realizaron dos bloques de preguntas: uno antes de dar información sobre el caso a los entrevistados y otro después de revelar elementos sobre la difusión de la llamada telefónica entre Marín y Nacif.
En el primero, el 45.9 por ciento de los encuestados aprobó la gestión de Marín Torres al frente del gobierno de Puebla y 52.9 por ciento lo desaprobó; en tanto que 54.3 por ciento consideró necesario que abandone el cargo y 38.7 por ciento que se mantenga en el mismo.
En la segunda parte del estudio demoscópico, se estableció que el 72 por ciento de los ciudadanos —es decir 7 de cada 10—, ya oyó alguna parte de la grabación mientras un 26 por ciento aún no.
De quienes ya la escucharon, la mayoría recuerda los insultos que se registran entre la conversación del gobernador y el empresario, y en segundo lugar la parte en la que Kamel Nacif le ofrece al funcionario público dos botellas de cogñac como agradecimiento por la detención de Lydia Cacho.
A partir de este punto, el 77 por ciento de los entrevistados -8 de cada 10 poblanos- considera que la voz de Marín Torres en la grabación es auténtica, y el resto lo niega o no sabe.
En función del señalamiento, el 68 por ciento de las personas que participaron en el estudio —7 de cada 10— estima que el mandatario estatal tiene que abandonar el cargo y un 24.8 por ciento dice que no es necesario.
Para el 66 por ciento de los ciudadanos, Marín Torres sí incurrió en un delito, que se encuadra en abuso de poder. Y el 67 por ciento calificó de correcta la difusión de las grabaciones por ser de interés público.
