Un día después de que el empresario maquilador Lucio Gil Zárate se entrevistó con el secretario de Gobernación, Javier López Zavala, para negociar el retiro de cargos por chantaje contra Martín Barrios, firmó un desplegado junto con 30 empresarios de la región de Tehuacán donde reitera sus acusaciones contra el activista.
De acuerdo con una carta publicada en el diario Intolerancia, se acusa al también consejero del IFE de abusar de la buena fe de los trabajadores y de haber puesto en riesgo la estabilidad laboral en la región, a través de chantajes y amenazas, atentando contra la inversión productiva y la generación de empleos.
Lo que contribuyó según dicta este comunicado, a que 17 empresas textileras tuvieron que cerrar sus puertas, lo que se tradujo en la pérdida de su fuente laboral para más de 8 mil trabajadores perdieron, y con lo que se afectó directamente a 32 mil personas.
Entre las treinta empresas que firman el documento se encuentran Castillo Gines Joaquín Melchor, Confecciones y Terminados de Calidad, ConfeccionesLa Asunción, Confecciones La Moderna, Confecciones Mazara, Confecciones Mexicana, Gabriel Honorio Cornelio Olivier, Grupo Maquilador Kid, Import and Export Jeans, Industrias La Mascada, Manufactura Independencia.
La lista continúa con Modelos Yasiro, Provedora dela Industriadel Vestido, Ropa Bien Hechas, Confecciones y Alvados del Sureste, Confexiama, Grupo Exportador en Jeans, Grupo Industrial Onuba, Máxima Calidad, Grupos Vaqueros Navarra.
Confecciones Feliciano, Confecciones Díaz, Grupo Expi, Confecciones Rosario, Diseño Marbel, Manufacturas JA, Calidad en Confecciones, Confecciones San Antonio, y confecciones D’J Jesús, son los nombres del resto de las maquiladoras.
Al respecto, diferentes actores se manifestaron en contra de las aprehensiones efectuadas en contra de Lydia Cacho y de Martín Barrios, por considerar como injustas las acusaciones hechas en su contra.
María Elena Cruz Gutiérrez, dirigente estatal del PRD, acusó inequidad en la impartición de justicia en el estado, pues mientras para los casos de estos dos personajes se actuó con prontitud, para la solución de casos comunes y corrientes.
Versión que concordó con la del regidor perredista, Arturo Loyola González quien dijo que con estas acciones, se puso de manifiesto en Puebla se aplica la ley de manera “selectiva”.
“Es un error gravísimo de la administración estatal ejecutar una orden de aprehensión en contra de un activista social. No es posible que el gobierno del estado haya pregonado que la ley se iba aplicar de forma general, y en la práctica sea500 gramospara unos y mil para otros”, expuso.
De igual forma, el diputado panista Jorge Gutiérrez Ramos, abrió la posibilidad de que el PAN pida una explicación sobre estos casos, donde acusó hubo “tráfico de influencias”.
Según el parlamentario, aunque se compruebe la inocencia o culpabilidad de Lydia Cacho y Martín Barrios el gobierno marinista debe explicar porqué actuó de manera “acelerada”, sin contar con pruebas suficientes para sus detenciones.
En Tehuacan, alrededor de 50 personas marcharon frente al Ministerio Público, y otros más se instalaron a las afueras del palacio municipal para pedir la liberación del consejero electoral Martín Barrios.
