27/Abril/2006
Javier Puga Martínez

El gobernador del estado, Mario Marín Torres, se reservó el derecho a declarar ante la PGR, pues de hacerlo, entorpecería la investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su posible participación en la detención de la periodista Lydia Cacho en diciembre pasado.

Así lo expresó el propio mandatario, en conferencia de prensa tras inaugurar la 35º edición de la Feria de Puebla y reveló que sus abogados analizan la posibilidad de iniciar un proceso o "hacer algo" contra el ministro de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, por sus declaraciones en las que sostuvo que sí se violaron los derechos individuales de Lydia Cacho Ribeiro.

“En ejercicio de los derechos que la propia Constitución de la República me concede, como cualquier ciudadano, una vez que me explicaron los motivos del citatorio y tomando en cuenta que la Suprema Corte está investigando estos mismos hechos y tiene una alta prioridad, me reservo el derecho de declarar una vez que termine su investigación”.

Ayer a las diez de la mañana, Marín Torres se presentó en la Ciudad de México ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, dependencia de la Procuraduría General de la República, como parte del trámite que se le sigue a la averiguación previa 02/FEADP/06.

El mandatario dijo que el citatorio de la PGR no especificó bajo qué calidad jurídica compareció esta mañana en la Fiscalía Especializada de Delitos contra Periodistas de la dependencia, pero se defendió argumentando que el artículo 20 de la Constitución de la República le da derecho a no declarar ante las autoridades.

“No me señaló ningún carácter, si soy testigo o indiciado; comparecí con base al citatorio. Yo debo intuir que estoy ahí señalado por la periodista (Lydia Cacho) en su denuncia, pero nada más”, explicó.

Marín Torres negó que haya sido llamado también a comparecer ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia que se encuentran en Puebla, pero se dijo atento a su posible citatorio, mismo que atenderá en cuanto se lo soliciten.

Volvió a insistir que el escándalo en el cual se encuentra inmerso desde hace dos meses y medio es político-electoral y “hay quien se interesa” en mantener la atención sobre este caso hasta pasadas las elecciones del 2 de julio.

La defensa jurídica del gobernador de Puebla es llevada por el consejero jurídico del gobierno estatal, Ricardo Velázquez, aunque Marín dio a conocer que los abogados Germán Hickman y Luis Aguilar también lo acompañaron ayer a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, y no le cobran por sus servicios.

El mandatario reconoció que gozó de ciertos privilegios —los mismos que cuentan funcionarios federales— como entrar al Ministerio Público por el sótano alrededor de las 9 de la mañana, como lo hacen funcionarios de la Procuraduría General de la República.

Fueron dos horas y media ante David Vega Vera —fiscal especial para la atención de delitos en agravio de periodistas, quien prácticamente debuta este día con el caso Marín-Cacho— las que el gobernador utilizó para decir a las autoridades de la PGR que no declararía hasta que la SCJN concluya su trabajo.

A su salida Marín se negó a dar declaraciones a la prensa nacional y enviados locales. Posteriormente justificaría que su regreso al estado fue inmediato ya que estaba citado a la una de la tarde para inaugurar la edición número 35 de la Feria de Puebla.

Villeda confía en la imparcialidad de la Corte

Ayer también se presentó la procuradora de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, con los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín, quienes continuaron con sus investigaciones para determinar la responsabilidad del gobernador Mario Marín y miembros de su administración en la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.

En entrevista, Villeda Martínez se limitó a decir que confía en la imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero se negó a precisar el contenido de la plática que sostuvo con la comisión especial de la SCJN que investiga al mandatario poblano.

La procuradora será la siguiente citada a comparecer en la PGR. Este día, también en punto de las nueve de la mañana se presentará en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas de la ciudad de México.

La semana próxima tocará turno a la juez Rosa Celia Pérez así como a los cuatro policías judiciales de la Procuraduría de Justicia de Puebla que trasladaron a la periodista de Cancún, Quintana Roo, al penal de San Miguel, en esta ciudad.