Las presiones tendientes a adelantar la salida de José Alarcón Hernández de la dirigencia estatal del PRI y las declaraciones de éste llamando “perros de mayordomo” a quienes a través de la prensa alientan esas presiones ofrecen varias lecturas.

La primera es que la lucha por la sucesión de Melquiades Morales Flores ha comenzado a desbordarse.

Una segunda lectura es que la permanencia de José Alarcón al frente del tricolor ya no es bien vista por todos los grupos que hoy pujan por llegar a Casa Puebla.

Y la tercera, es que las relaciones entre José Alarcón y Rafael González Pimienta, delegado del CEN del PRI y operador electoral del gobernador, se encuentran en su peor momento, pues hay la presunción de que el traje de mayordomo confeccionado por Alarcón fue hecho especialmente para González Pimienta.

Y es que las definiciones de mayordomo –según el diccionario enciclopédico Larousse- difícilmente encajan en los perfiles de Héctor Jiménez y Meneses, Alberto Amador Leal y Víctor Díaz Palacios, o en los de Germán Sierra Sánchez y Mario Marín Torres, pues hasta donde se sabe ninguno de ellos hace las veces en el PRI o en el gobierno de criado principal o de administrador de bienes de la parroquia.

En cambio González Pimienta sí, pues no sólo opera las instrucciones que recibe del jefe real del priísmo poblano, el gobernador Melquiades Morales, sino que además tiene bajo su cuidado la administración de los recursos humanos y materiales del partido. Otro al que también podría venirle el traje del modisto Alarcón es el coordinador de Participación Ciudadana del gobierno del estado, José Ernesto Echeguren Barroeta.

Y es que ambos, adicionalmente, cuentan con perros (o columnistas) bien amaestrados en la prensa local que ladran y hasta muerden.

Pero sigamos con el tema.

En el fondo, las presiones para apresurar el relevo en la dirigencia estatal del PRI tienen que ver con la disputa de ciertos precandidatos priístas por tomar el control del partido, a sabiendas de la enorme ventaja que ello les daría sobre sus demás compañeros en lucha por la nominación a la gubernatura.

Para nadie es un secreto que la presencia de José Alarcón causa recelo en gente cercana al senador Germán Sierra y al ex presidente municipal de Puebla, Mario Marín, por considerarlo como una pieza incómoda en las aspiraciones de ambos. De ahí que tanto Sierra como Marín no hayan dudado en impulsar al diputado federal Alberto Amador Leal como sustituto de aquél.

Si Alarcón es o no un aliado del secretario de Finanzas, Rafael Moreno Valle, en el afán de éste por ser gobernador, es algo que aún seguirá discutiéndose. Lo que sí está claro es que Melquiades Morales no quiere perder, ni que le arrebaten el control del partido.

Es por eso que si Alarcón se va, como finalmente ocurrirá tarde o temprano, es importante saber quién ocupará su lugar y qué intereses jugará, de cara a las elecciones del 2004.

Por lo pronto, la posibilidad de que Héctor Jiménez y Meneses arribe a la presidencia del PRI deja en claro un par de cosas: una, es que Melquiades Morales aún conserva los hilos de su sucesión y, dos, que ésta tiende a favorecer a su secretario de Finanzas, pésele a quien le pese.

EN CORTO

            Agosto será un mes clave en el proceso que el ayuntamiento del panista Luis Paredes Moctezuma sigue para llevar al banquillo de los acusados a personajes de la gestión marinista, implicados en hechos de corrupción con el pago y contratación de obra pública, la adquisición de bienes y servicios, y el desvío y malversación de fondos públicos. De acuerdo con un informe interno de la Contraloría Municipal, nueve son los funcionarios de la pasada administración que antes de fin de año podrían ser inhabilitados para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Ellos son Alejandro Romano Meneses, César Pérez López, Rodrigo Ruiz, Valentín Meneses, Javier García Ramírez, Pedro Piñón López, Noé Sánchez Sánchez, Gerardo de Jesús Andrade y Alejandro Fernández Soto. ***** Alejandro Romano, por la desaparición de 250 equipos de cómputo, adquiridos a la empresa CAT Computadoras y Subensambles, por un millón 529 mil 500 pesos. Rodrigo Ruiz, por ceder la administración del Polideportivo Seis Décadas al Comité Municipal del PRI. Valentín Meneses, por ocultar información financiera y los dictámenes de auditoría de 1999 al 2002; por la desaparición de equipo de cómputo por 776 mil pesos; por alterar facturas de la empresa Labrada S.A. de C.V., a la cual el DIF le compró lo mismo material de construcción que papelería, mochilas, zapatos y uniformes, y porque se encontró que el domicilio de esta empresa es el mismo que aparece en la identificación oficial del subdirector administrativo del DIF municipal, Luis Raúl Rodríguez Peña, a nombre de quien fueron expedidos cheques de pago. Javier García, por la asignación directa de obra de cinco cruceros de flujo continuo a las empresas Constructora Luevano y Asociados, Empresarios Unidos de la Construcción, y Arrendadora y Servicios Urbanísticos por más de 25 millones de pesos y porque se detectaron variaciones y sobrevaluación en los costos unitarios de hasta 400%. Pedro Piñón, Noé Sánchez y Gerardo de Jesús Andrade, por pagos no ingresados del Programa Crédito a la Palabra y por la inscripción de supuestos pequeños productores que no pertenecen a las comunidades beneficiarias de ese programa federal. Y Alejandro Fernández, por otorgar licencias de uso de suelo sin reunir los requisitos correspondientes y por transferir indebidamente al archivo municipal asuntos en trámite de supervisión y control de obras. *****  Por hoy es todo, nos leemos aquí el próximo lunes. 

FIN.